M.Sc. Alejandro Jiménez Hernández
Consultor Internacional en Adaptación al Cambio Climático
Numerosos países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) han logrado formular sus Políticas, Estrategias y Planes (Nacionales) de Adaptación al Cambio Climático. Esto coloca la adaptación a nivel de una Política de Estado que, respaldada por un conjunto normativo, deberá tener una fuerza política capaz de orientar de forma transversal la planificación para un desarrollo resiliente en todos los sectores económicos en cada país.
Es así que la necesidad de avanzar en adaptación al cambio climático abre la oportunidad de repensar el desarrollo desde una nueva visión (i) intersectorial -las acciones de un sector afectan a otros sectores-; (ii) territorial -de paisaje-; y (iii) sistémica -ecosistémica-.
Ahora bien, ese enfoque “transversal” obliga a que los “ajustes” -que serán necesarios para avanzar en adaptación y reducir el riesgo climático en cada sector- deban realizarse (i) siendo conscientes de cómo afectarán a los demás sectores y (ii) previendo la serie de ajustes que será necesario realizar en el conjunto de sectores vinculados e interdependientes. Será necesario, por lo tanto, reconocer que al trabajar en adaptación entramos en la sala de los espejos que se reflejan entre sí, en la que cada uno de los movimientos y las acciones se multiplican y se vuelven sistémicas.
La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) es un buen ejemplo de la necesidad estratégica de desarrollar esta visión sistémica, “trans-institucional”, “multi-actor” y “multi-escala” que incremente la resiliencia y la sostenibilidad de las agendas económicas de los países frente a los escenarios de clima futuros. La AbE dejaría por lo tanto de formar parte únicamente de la agenda de los Ministerios de Ambiente y pasaría a posicionarse en un conjunto instituciones que velan por distintos sectores.
Vamos a tomar el ejemplo de avanzar en la gestión adaptativa de las áreas protegidas. Al hablar de “gestión adaptativa” aludimos a un tipo de gestión que permite hacer frente a los cambios en las condiciones socioeconómicas, de gobernanza y ambientales que vendrán en el mediano y largo plazo. La gestión adaptativa -de áreas protegidas, áreas de agricultura sostenible, etc.- es una herramienta para la AbE dado que puede contribuir a asegurar la continuidad en la provisión de servicios ambientales como parte del conjunto de medidas de adaptación de la población de una zona específica ante condiciones de cambio global y en especial de cambio climático.
Esta gestión adaptativa de áreas críticas del territorio requiere que las instituciones del gobierno central trabajen junto a los gobiernos municipales, las organizaciones civiles locales y el sector privado. Requiere además que, entre otras cosas, el conjunto de actores proceda a considerar:
Las unidades de paisaje en las que se encuentra el área protegida y aquellas a las que afecta a partir de su ubicación: p.ej. en la parte alta, media o baja de una cuenca; en la zona costera; etc.
La matriz espacial-territorial, incluyendo factores de tenencia de la tierra y los usos y prácticas -agrícola, forestal, urbano o turístico- que: (i) pueden modificar el uso de la tierra y (ii) reciben servicios ambientales de esa área protegida. Esto implica a los ministerios de agricultura y ganadería, urbanismo y obras públicas, energía, minería y turismo.
Las políticas e instituciones relacionadas con cada servicio ambiental proveído por el AP: aquellas instituciones trabajando en recursos hídricos, energía, recursos genéticos y biodiversidad, seguridad alimenticia, salud y gestión del riesgo de desastre, obras públicas.
Las instituciones decidiendo sobre esquemas de incentivos a ciertos usos de la tierra o de prevención al cambio de uso de la tierra a favor de los servicios ambientales. Estas son instituciones tales como los ministerios de economía y finanzas; de medio ambiente, agricultura y ganadería; de planificación y ordenamiento territorial, etc.;
Estos esquemas además deberán permitir un balance entre conservación, desarrollo y provisión de servicios ambientales (Porras, I. et al., 2013) y buscar una repartición equitativa de los beneficios a través de p.ej.: pago por servicios ambientales que favorezcan la reducción de la vulnerabilidad de productores y comunidades campesinas e indígenas, incentivos a iniciativas de agricultura sostenible, incentivos forestales y regulaciones nacionales y municipales sobre el uso /cambio de uso de la tierra como el establecimiento de corredores biológicos e iniciativas de restauración ecológica, entre otros.
La relevancia política, que a partir del Acuerdo de París está tomando la adaptación, exigirá realizar esfuerzos especiales para ordenar el conocimiento y trabajar al unísono con las instituciones, los gobiernos municipales, las organizaciones locales y los actores privados.
Solo una planificación concertada del desarrollo permitirá: (i) alinear las agendas sectoriales y las políticas de desarrollo del país a mediano y largo plazo considerando los escenarios socio-económicos futuros y las proyecciones climáticas y de riesgo, (ii) aterrizar este lineamiento a nivel local y considerando los efectos de estos escenarios sobre la vulnerabilidad de los diversos actores económicos y sociales. Davis y Díaz (2014) proponen además la necesidad de (iii) aumentar la articulación y la coherencia entre políticas de desarrollo (promoción de inversiones, generación de empleo, etc.) con políticas de seguridad alimentaria, reducción del riesgo y desarrollo territorial.
La adaptación basada en ecosistemas (AbE) abre por lo tanto la puerta a procurar la máxima coherencia en la definición de agendas sectoriales de desarrollo que, al ser conscientes de las necesidades de otros sectores, se vuelven trans-sectoriales, sistémicas y con una clara visión territorial y de escala temporal. Esto significa un cambio de paradigma en la planificación del desarrollo, exigido por los tiempos que corren y por los que vendrán.
Fuentes:
1. Davis, A.; Díaz, O., 2014. Adaptación y acumulación: Desafíos, contradicciones e implicaciones para la gobernanza territorial en el Corredor Seco Centroamericano. Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente. PRISMA, San Salvador, El Salvador. Disponible en: https://prisma.org.sv/adaptacion-y-acumulacion-desafios-contradicciones-e-implicaciones-para-la-gobernanza-territorial-en-el-corredor-seco-centroamericano
2. Porras, I.; Barton, D.N.; Miranda, M. y Chacón-Cascante, A., (2013). Learning from 20 years of Payments for Ecosystem Services in Costa Rica. International Institute for Environment and Development, London. Disponible en: https://www.iied.org/payments-for-ecosystem-services-costa-rica-s-recipe
